En una investigación que duró 7 meses, servidores del CTI de la Seccional Barranquilla lograron identificar a Yicela Caro Bernal, funcionaria de la Oficina de Talento Humano de la Rama Judicial, en esa ciudad, como la presunta jefe de una banda que al parecer vinculaba, de manera fraudulenta, como servidores públicos, a quienes sin trabajar en la Rama, les consignaban periódicamente  salarios a sus cuentas de ahorro.

La señora Caro Bernal fue descubierta luego de una auditoría realizada a nivel nacional a la nómina de la Rama Judicial, siendo descubiertos los pagos que se efectuaban a 10 personas, 9 de las cuales fueron capturadas durante 11 allanamientos en la ciudad de Barranquilla.

“Los pagos a estas personas  no se encuentran soportados documentalmente en los archivos de la Rama Judicial, carecen de resolución de nombramiento, acta de posesión y formatos de hojas de vida, lo que nos permitió establecer que Yicela Caro Bernal expedía las certificaciones sin los soportes legales”, aseguró Luis González, Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana.

Verificadas las irregularidades, la denuncia fue instaurada por Patricia Beatriz Calderón, en calidad de jefe de la Oficina de Talento Humano de la Rama Judicial del Atlántico, de quien Yicela Caro Bernal utilizó su usuario para vincular fraudulentamente a 10 personas en la nómina, ordenar el pago de salarios, a través del archivo previo.

“Se identificó a las personas que integraban esta red, gracias a las copias de los desprendibles de nómina ofrecidos por la Oficina de Recursos Humanos de la Rama Judicial del Atlántico y se pudo individualizar a cada una de ellas. Un juez autorizó interceptaciones telefónicas y se realizaron 11 allanamientos de residencias logrando capturar a los 9 particulares, entre ellos 4 mujeres, quienes fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías”, dijo Luis González.

La Fiscalía sigue tras la pista de Yicela Caro Bernal, quien se encuentra prófuga. También fue capturado Nelson Orozco Movilla, cerebro de la defraudación a la Rama Judicial del Atlántico. El monto de las consignaciones asciende a $100 millones